Mientras arranca en Bruselas la reunión en el Consejo de Asuntos Generales europeo que debe votar hoy la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego, varios ministros comunitarios han expresado sus dudas a su llegada en el edificio Europa que acoge el encuentro. Sobre todo, se preguntan sobre los aspectos jurídicos y financieros de la propuesta, los mismos que el Ministerio de Asuntos Exteriores de José Manuel Albares lleva días tratando de resolver con varios documentos enviados a las capitales. El más rotundo ha sido el ministro de Asuntos Europeos finlandés, Joakim Strand, quien ha dicho que no cree que “la cuestión esté madura para votar”.
“Espero que no tengamos que votar hoy”, ha asegurado Strand ante las preguntas de los periodistas. “Creo que la diversidad lingüística es importante y siempre somos constructivos y queremos continuar discutiendo. Pero sigue habiendo preocupaciones del servicio jurídico del Consejo y esto es algo que tenemos que tomarnos muy en serio”, ha añadido el finlandés. La cuestión requiere unanimidad, por lo tanto, con que un solo país ya la vete la oficialidad de las tres lenguas quedaría en un cajón.
“Creo que la diversidad lingüística es importante y queremos continuar discutiendo, pero sigue habiendo preocupaciones jurídica”
Solo los ministros de Dinamarca y Eslovenia de momento han manifestado claramente que darán apoyo a la propuesta. Madrid también podría contar como aliados a Portugal y Bélgica. Ningún representante entre que han respondido a los periodistas en Bruselas ha rechazado abiertamente el planteamiento del Gobierno español, pero tampoco la abrazan con entusiasmo.
Por ejemplo, la secretaria de Estado de Croacia para Asuntos Exteriores, Andreja Metelko, ha explicado que espera resolver sus dudas en la sala. “Veremos cómo va la discusión. Nos gustaría saber algo más sobre las implicaciones legales y financieras y esperamos una discusión fructífera”, ha apuntado. Preguntada sobre la insistencia del Gobierno de Sánchez, la representante croata ha apreciado los “esfuerzos” del Ejecutivo “en este tema muy serio”, pero “como tiene ciertas implicaciones legales, sería mejor analizarlo atentamente”.
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Algo parecido ha indicado la ministra sueca Jessica Rosencrantz, titular de Asuntos Europeos, que sostiene que entiende la posición española y promete escuchar con interés lo que opinen otros países, aunque también ha manifestado su escepticismo sobre el coste y las garantías jurídicas.
“Es importante que no cree un precedente”, ha opinado Marilena Raouna, viceministra de Asuntos Europeos de Chipre, con una minoría turca. “Entendemos la importancia de este asunto para España. Chipre ha sido consistente en su apoyo, por esta razón, pero lo importante es que se haga de una manera que sea legalmente sólido y que no cree un precedente”, ha continuado, sin aclarar en qué sentido votará, pero recordando que todos los Estados deben estar a favor.
La ministra danesa de Asuntos Europeos, Marie Bjerre, ha sido una de las pocas que ha manifestado que apoyará la propuesta
“Hay muchos temas abiertos, sobre el coste, y legales”, ha apuntado la ministra austriaca para Europa, Integración y Familia, Claudia Plakom. Austria lo decidirá en el mismo momento de la reunión. Francia, un país que en las últimas semanas había expresado su escepticismo sobre quién iba a asumir el coste —algo que promete hacer España—, ha sido diplomática. El ministro de Asuntos Europeos francés, Benjamin Haddad, ha reconocido que es un asunto importante para “el amigo español” y del que ha hablado en numerosas ocasiones con su homólogo. Sin embargo, “se tiene que hacer con consenso y con el respeto del derecho y los textos europeos, trabajemos juntos para encontrar una solución”, ha apuntado.
No será fácil la misión que tiene hoy el secretario de Estado de la UE, Fernando Sampedro, quien defenderá la cuestión en la mesa. Es habitual que sea él quien acuda a las reuniones de los Consejos de Asuntos Generales, pero hay quien pensaba que, dada la importancia del asunto, sería el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien haría acto de presencia. Sampedro, que suele hablar con la prensa al principio de este tipo de reuniones, hoy ha guardado silencio.
Un proceso que requiere unanimidad
Solamente los ministros de Dinamarca y Eslovenia manifiestan en su llegada que votarán a favor de la propuesta
La cuestión sigue abierta, pero complicada para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Como el proceso requiere unanimidad, ante el escepticismo que pesa todavía entre algunos Estados , un escenario que ganaba fuerza anoche es el de aplazar el voto. Todo pese a que la presión del Gobierno ha sido máxima. “Las negociaciones han sido a nivel de capitales”, confirmaba una fuente diplomática europea.
Algunos países, como Italia, quieren ganar tiempo antes de tener que pronunciarse con el argumento de que necesitan más garantías jurídicas para dar este paso. El Gobierno de Giorgia Meloni, con el PP y Vox como socios en España, evitará plantear la cuestión en un plano político y busca no ser el único país que diga no a Pedro Sánchez, informa sco Olivo desde Roma. El Gobierno de Giorgia Meloni y Antonio Tajani —buen amigo del Partido Popular— sigue siendo contrario, porque teme que se abra “una caja de Pandora” y cree precedentes difíciles de controlar para otras lenguas minoritarias, los mismos temores que manifestaban países como los bálticos.
En el encuentro, el representante de Polonia —país que ostenta la presidencia de turno del Consejo— expondrá el punto del día y emplazará a Sampedro a explicar los motivos de España. Entonces será el turno en que los ministros hablen. Si no lo ve claro, España puede retirar el voto y dejar la cuestión para más adelante.
