El Govern de la Generalitat tiene previsto presentar la próxima semana, a más tardar la siguiente, su propuesta de acuerdo con las deliberaciones del comité de expertos que viene trabajando en una solución para que el aeropuerto de El Prat amplíe su capacidad operativa de vuelos de largo radio.
Las fuentes consultadas señalan que aún queda alguna reunión pendiente del comité de expertos y, de hecho, el presidente de Aena, Mauricio Lucena, visitó los despachos del Palau de la Generalitat. Luego el presidente Salvador Illa tomará la decisión. A grandes rasgos, la solución pasaría por ampliar 500 metros la tercera pista, la más próxima al mar, destinada a despegues, crear un nuevo órgano institucional que permita tener en cuenta la voz de las istraciones locales en la gestión y estrategia aeroportuaria, y brindar compensaciones para sufragar las afectaciones medioambientales que supondrá la ampliación.
“Tendremos una muy buena propuesta dentro de lo posible”, aseguró ayer el conseller de Presidència, Albert Dalmau, tras remarcar que el Govern “cumplirá los acuerdos de investidura escrupulosamente”, en referencia a las condiciones impuestas por ERC sobre esta cuestión.
El Ejecutivo catalán tendrá un papel determinante pero no vinculante en la estrategia aeroportuaria
La prolongación de la tercera pista y la “gobernanza”, la capacidad de incidir de Catalunya en determinadas decisiones sobre los aeropuertos catalanes, son los asuntos clave, a la vez que teñidos de controversia, pero la ampliación de la infraestructura es un empeño particular de Salvador Illa, convencido de que si Catalunya quiere recuperar el liderazgo económico de España y ser un actor clave en la economía europea, necesita una mayor y mejor conectividad internacional. Además, para el president es una muestra de que el Govern toma decisiones y de no se ve minada su capacidad de gestión.
Alargar la tercera pista de El Prat 500 metros supone que los dos espacios protegidos que la rodean, la Ricarda por el norte y el Remolar por el sur, se verían afectados, pero las fuentes consultadas remarcan que con la propuesta ideada se reduce significativamente la afectación sobre el área norte, la Ricarda, sobre la que se había dirigido toda las preocupaciones medioambientales surgidas en torno al debate de la ampliación. Además, se preparan compensaciones “muy ambiciosas” para contrarrestar los efectos de la prolongación de la pista.
La distancia que ganará la tercera pista permitirá que aviones de gran tamaño no tengan problemas para despegar y aterrizar, y la inversión total está previsto que supere los 2.000 millones de euros, en los que se incluiría la renovación pendiente en la terminal 1, la de la terminal 2 y la construcción de la proyectada terminal satélite.
El modelo de gobernanza del Port de Barcelona no es aplicable al aeropuerto
El otro asunto sobre el que han girado las deliberaciones de los expertos es el de la “gobernanza”, en palabras de ERC. Además de haberse expresado en contra de ampliación de pista alguna, los republicanos han puesto el acento en la gestión aeroportuaria, donde consideran que la Generalitat de Catalunya y las istraciones afectadas deberían contar con un “papel determinante” en determinadas decisiones estratégicas, como las rutas aéreas o las inversiones. Así se indica en el acuerdo de investidura sellado por el PSC y ERC.
Para encajar las demandas de los republicanos se plantea una fórmula que permitiría que el Govern de la Generalitat sea “un actor determinante en al toma de decisiones estratégicas relativas al aeropuerto de El Prat”, como el plan director, las inversiones, etc. Pero el organismo a través del cual se vehicularía esta demanda tendría limitadas su influencia, por tanto, sus competencias, de acuerdo con las leyes vigentes, entre ellas la Constitución, de manera que su papel sería meramente consultivo.
Las fuentes consultadas remarcan que el modelo del Port de Barcelona, gobernado por un consejo de istración en el que están presentes la istración General del Estado, la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de El Prat, sindicatos y empresas, no es aplicable al aeropuerto por la naturaleza del gestor aeroportuario, Aena, una empresa cotizada participada por el Estado. De hecho, hay quien recuerda que las acciones de la compañía cayeron un 7% tras conocerse los pormenores del pacto de investidura con ERC.
La propuesta reduce significativamente la afectación sobre el espacio protegido de la Ricarda
Una vez que el Govern tome la decisión de ampliar el aeropuerto, este verano, se presentarán los correspondientes borradores del proyecto y luego se abrirá el plazo para la exposición pública, con un horizonte, otoño del 2026, cuando está previsto que se apruebe definitivamente el DORA III, el Documento de Regulación Aeroportuaria que recogerá todas estas inversiones.
De salir adelante el proyecto, el aeropuerto dejará atrás años de parálisis, aunque aún pasarán años antes de verse realizado. La evaluación ambiental podría alargarse hasta tres años antes de iniciar las obras, a los que seguirían otros cinco de construcción.
En busca del consenso político
Tras despejarse el camino financiero de la Generalitat con la aprobación de 4.000 millones de suplemento presupuestario gracias a sus socios de investidura, ERC y Comuns, Illa afronta la carpeta del aeropuerto poco antes de acometer el otro gran asunto de la legislatura, la financiación singular. Aunque el president está determinado a impulsar la ampliación, la situación política en Catalunya aconseja, como hasta ahora, contar con un acuerdo político. Este acuerdo pasaría por entenderse con ERC, que dejó por escrito su posición sobre el aeropuerto en el pacto de investidura. Con los Comuns, el otro aliado de Illa, la entente es imposible porque son radicalmente contrarios al proyecto y ya se preparan para hacerle frente por todas vías a su alcance. El Govern no necesita de un aval parlamentario para sacar adelante su plan de ampliación, pero un consenso lo más extenso posible se antoja determinante para que el proyecto reciba el visto bueno de Europa, que será quien tenga la última palabra sobre la viabilidad o no de las obras.
